Telefónica.

La operadora encarece las condiciones de acceso a sus ofertas en móviles e Internet y restringe las llamadas incluidas en sus planes de descuento. Los ingresos en España crecieron un 0,8% en el segundo trimestre.

Telefónica busca fórmulas para impulsar sus ingresos en un contexto de fuerte contracción del consumo. La compañía ha puesto en revisión las condiciones de sus promociones en España para tratar de arañar hasta el último euro en las facturas, tras estancar sus ventas durante la primera mitad del  año.

Desde que comenzó el ejercicio de 2008, la operadora ha encarecido el acceso de sus clientes o ha restringido ventajas de las promociones que lleva a cabo en telecomunicaciones móviles, fijas y acceso a Internet de banda ancha, negocios en los que suma 45 millones de abonados.

Durante el segundo trimestre de 2008, Telefónica limitó al 0,8% su aumento de ingresos en España, con un incremento del 0,2% en móviles. El crecimiento del 10,2% en acceso a Internet compensó  en parte este frenazo.

En unos movimientos que se enmarcan en  la ralentización del consumo que atraviesa España, Telefónica ha reducido el tipo de llamadas que forman parte de algunos de sus planes de descuento en móviles.

Restricciones.

La operadora ha excluido de los nueve euros de consumo mínimo que exige a los clientes de Movistar las llamadas realizadas a los números que forman parte de sus promociones más populares, como Mi favorito y Mis cinco, entre otras, elegidas por una gran parte de los 15 millones de clientes de móviles con contrato que la compañía tiene en España.

Todas las operadoras de móviles exigen a sus clientes consumos mínimos para firmar un contrato de suministro de servicios.

Además, la compañía que preside César Alierta ha dejado de incluir en las llamadas que forman parte de sus planes de precio (Movistar 30, 60 y 90) las realizadas a servicios de información y números corporativos, entre ellos los que empiezan por 902. En estos planes, la compañía ofrece llamadas a precios reducidos hasta que la factura alcance mensualmente el compromiso de gasto pactado. En caso de que el cliente no alcance el gasto comprometido se le cobra igualmente esa cantidad mínima.

Promociones.

Desde la compañía recuerdan que se trata de promociones, no de tarifas convencionales, por lo que las modificaciones se realizan según las circunstancias del mercado. Desde algunas asociaciones de consumidores apuntan, no obstante, que estos cambios pueden permitir a los clientes rescindir sus contratos de forma unilateral y sin penalización por la baja.

Uno de los nuevos operadores móviles virtuales, Simyo, ha aprovechado recientemente esta circunstancia para tratar de captar a clientes de Telefónica mediante una agresiva campaña.

También algunas de las más populares promociones de acceso a Internet con ADSL están condicionadas por limitaciones de acceso. Es el caso de la duplicación gratis de 3 a 6 megas de velocidad para  los clientes de Telefónica que tengan contratada esta modalidad. Tienen derecho a ella los usuarios que han optado por la versión que incluye antivirus, que cuesta 40,90 euros al mes, frente a los 39,90 de la opción sin antivirus. Los clientes de esta última modalidad tendrán que pagar pues un euro más al mes para disfrutar de la duplicación de velocidad.

Identificaciones.

En telefonía fija, el grupo cobrará a partir del próximo 1 de octubre la cuota de 50 céntimos de euro más IVA (58 céntimos) del servicio de identificación de llamadas a todos sus clientes, incluidos los de ADSL, según Europa Press. Desde el pasado 10 de julio, la operadora ya empezó a cobrar este servicio a los clientes que no tuvieran ADSL o una tarifa plana de voz.

Este servicio, estrenado en 1999 a un precio de 1,2 euros, se ofrecía gratis a los clientes desde marzo de 2001. Telefónica señaló que el coste de 50 céntimos de euro más IVA,  inferior al anterior a la promoción, es necesario para el mantenimiento del servicio. Los clientes, que han sido informados con un mes de antelación, podrán darse de baja del servicio de identificación en el 1004.

Fuentes cercanas al grupo recuerdan, no obstante, el fuerte esfuerzo en promociones que ha llevado a cabo la operadora en los últimos meses, con las modalidades de ADSL a 1 mega por 19,90 y 29,90, con y sin limitaciones de descarga, respectivamente, como grandes estrellas. Casi el 50% de sus clientes han contratado uno de estos servicios.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado  entre enero y agosto un total de 13 campañas publicitarias de  operadores de móviles al considerarlas engañosas, de las que cinco corresponden a Vodafone, tres a Movistar y dos a Yoigo.  A estas iniciativas se suman sendas denuncias a Simyo y Lebara Móvil y otra al  operador móvil virtual Pepephone, que finalmente optó por el diálogo  y la denuncia culminó en una solución amistosa.

Facua criticó ayer que las operadoras se aprovechan no sólo de la falta  de controles de oficio por parte de las autoridades de Consumo  autonómicas, sino de su  lentitud en la tramitación de las  denuncias que reciben, ya que las sanciones se producen cuando hace  meses, e incluso años, que las campañas finalizaron.

En este sentido, la asociación lamentó la reducida cuantía de  las multas para campañas que en la mayoría de los casos tuvieron  inversiones millonarias. La asociación también advirtió de que, pese a que traslada al  Instituto Nacional del Consumo (INC) todas sus denuncias, el  organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo no elabora informes  jurídicos sobre las campañas publicitarias ni impulsa actuaciones  coordinadas entre las diecisiete comunidades autónomas, que de  llevarse a cabo podrían traducirse en expedientes  sancionadores.

Facua aseguró también ayer que “en los próximos días” presentará una denuncia contra Telefónica ante  Consumo y la Comisión del Mercado de las  Telecomunicaciones el cobro por el servicio de identificación de llamadas a todos los clientes de Telefónica,  incluidos los de ADSL.  Para la asociación, es  “ilegal” cobrar a los usuarios “por un servicio que nunca han  solicitado”.

Instalar líneas de telefonía fija donde no es rentable, repartir guías de teléfono o proporcionar tarifas de llamadas especiales para discapacitados y jubilados ya no corre sólo a cuenta de Telefónica. Estos servicios, incluidos en el llamado Fondo Nacional Universal, deberán ser sufragados también por Vodafone y France Telecome (matriz de Orange). Tendrán que aportar 51,5 millones de los 182,7 millones de euros que costaron estas obligaciones durante los últimos dos meses de 2003, y todo 2004 y 2005.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hizo público ayer el reparto de la carga económica del fondo para ese trienio. En noviembre de 2007, la CMT publicó una resolución por la cual consideraba que Telefónica soportaba “una carga injustificada” al asumir sola todo el importe, y abrió un procedimiento para determinar un reparto de costes proporcional entre las compañías del sector.

Hasta la entrada de la Ley General de Telecomunicaciones, en noviembre de 2003, sólo Telefónica estaba obligada a correr con esos gastos. La CMT, sin embargo, estima que el mercado está maduro y hay otras compañías (tanto operadores de redes como de servicios de comunicaciones electrónicos) con fuertes ingresos en el sector y que, por tanto, también deben contribuir.

Para realizar la criba entre las 1.500 empresas con servicio en España, la CMT ha establecido un umbral basado en ingresos y pagos por interconexión. Así pues, se han tenido en cuenta sólo las empresas cuyos ingresos brutos de explotación superen los 6,01 millones.

Una vez eliminadas las compañías con cuentas más modestas, son Telefónica y su filial Movistar, Vodafone y Orange (que se hizo con Retevisión, que operaba en esos años) quienes deberán encargarse del fondo de 2003, 2004 y 2005. Juntas controlan más del 80% del mercado de las telecomunicaciones, según la CMT.

El importe de años posteriores se irá calculando y repartiendo según la evolución y los ingresos que vayan registrando las empresas, explicó ayer el regulador.

Puesto que Telefónica (que aportará 131,2 millones) es quien hasta ahora ha corrido con los 182,7 millones de los gastos de esos tres años, las otras dos operaciones deberán compensarle en un plazo de un mes tras la resolución definitiva, que se publicará tras los 30 días para alegaciones. Vodafone pagará 31,4 millones y Orange 20,1 millones.

Telefónica dijo ayer que “estudiará” la propuesta de la CMT. Vodafone y Orange ya tenían claro que no les gusta. No están de acuerdo con pagar el 17,2% y el 11% respectivamente de los gastos de este trienio. “Vamos a presentar alegaciones porque consideramos que el reparto no ha sido correcto”, comentó ayer un portavoz de Orange. En la misma línea, Vodafone consideró las cantidades “injustas”.

Vodafone y Orange ya lograron una rebaja sobre el importe total a repartir. En un principio se iban a distribuir todos los costes de 2003, pero tras una queja de la operadores admitida en mayo de este año, sólo se han tenido en cuenta los dos últimos meses de ese primer año, que fue cuando entró en vigor la nueva Ley.

La Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), que agrupa a los operadores alternativos a Telefónica criticó ayer las últimas resoluciones que la CMT aprobó en su último consejo, entre las que se encuentra la exención a la empresa presidida por César Alierta de la obligación de abrir su nueva red de fibra óptica a sus competidores hasta el hogar. La CMT sí ha mantenido la obligación de la operadora de abrir sus infraestructuras de obra civil a sus rivales antes del próximo 16 de septiembre para que éstos puedan extender sus propias conducciones.

Pero Astel señala que la CMT no ha comprobado cuestiones como si existe espacio libre en las canalizaciones o la entrada en los edificios, lo que en su opinión condiciona la viabilidad de la medida. La asociación añade que ‘al ser imposible replicar el despliegue de Telefónica con carácter inmediato, el regulador está reservando el mercado de servicios de gran ancho de banda a Telefónica, amenazando así el nivel de competencia alcanzado en el mercado español de banda ancha y conduciéndolo hacia una segura remonopolización’.

La promesa de una conexión a Internet ultrarápida en nuestro país no se corresponde con las posibilidades reales de los proveedores. Esta conclusión es fruto de un estudio elaborado por ADSLzone.net, que asegura que los clientes que actualmente están abonados a un contrado de ADSL de 20 Megas sólo disfrutan de una media del 37,7 por ciento de ésta velocidad. El estudio asegura que Jazztel llega a los 8,9 Megas, la máxima velocidad alcanzada por los operadores que ofertan 20 Megas.

El análisis sobre las conexiones de ADSL en España, realizado en 1,5 millones de conexiones entre enero y junio, ha revelado que los proveedores de Internet no están en condiciones de ofrecer 20 Megas de velocidad, debido a las actuales infraestructuras basadas en el cobre y no en los cables de fibra óptica.

Por esta razón, Jazztel, Ya.com, Orange y Tele2, compañías que venden paquetes de 20 Megas y cuyas infraestructuras son de cobre, no tienen posibilidades de llegar ni a la mitad de lo prometido. Jazztel alcanza una media en la velocidad de bajada de 8,9 Megas, después le siguen Ya.com con 7,7 Megas, Orange con 7,05 Megas y Tele2 con 6,1 Megas.

El estudio de ADSLzone.net coincide con el anuncio que hizo esta semana el ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, sobre la futura prohibición de aquellos contratos de ADSL que no garanticen un mínimo del 80 por ciento de lo prometido. A partir de ahí, según ADSLzone.net, los proveedores que ofertan 20 Megas sólo superarían el mínimo del 80 por ciento en aquellas conexiones que se encuentran a 800 metros de la central del proveedor de Internet.

La modalidad de 10 Megas ofrece resultados más positivos que los anteriores. De los operadores que venden esta modalidad, Telefónica es el más rápido alcanzando hasta el 73 por ciento de la velocidad prometida. Le siguen Orange con un 71 por ciento y Ya.com con 69 por ciento. Sin embargo, como en el caso de los 20 Megas, estos proveedores siguen sin alcanzar el mínimo anunciado por el Gobierno.

Está claro que a medida que las compañías de Internet ofrecen menos velocidad tienen más capacidad de llegar a los porcentajes permitidos. Por eso, los contratos de ADSL de 6 y de 1 a 3 Megas son más fáciles de cumplir. Así, la media de velocidad alcanzada en la conexión de 6 Megas ofertada por ONO, Euskaltel (País Vasco), R (Galicia) y Orange es del 83 por ciento. Aunque las tres primeras tienen la posibilidad de llegar hasta el 87 por ciento gracias al uso del cable de fibra óptica. Según ADSLzone.net, el Internet de banda ancha de 1 a 3 Megas también presenta resultados “bastante satisfactorios”, con Telefónica liderando el ranking de velocidad de conexión de esta modalidad.

El estudio elaborado por el portal web especializado en analizar la oferta de conexiones de Internet en España se realizó con un medidor de velocidad de la empresa Ookla, “reconocido como el más importante y fiable que existe además de utilizado para otros estudios de relevancia como los que lleva a cabo la Asociación de Internautas”, señaló ADSLzone.net. Además, esta empresa aseguró en un comunicado que el estudio se ha hecho con un objetivo “exclusiva y meramente informativo”, “de forma completamente neutral y sin comunicar los resultados a ninguna de las compañías analizadas hasta la publicación del mismo”.

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha resuelto el expediente abierto el 31 de enero de 2007 a Movistar, Vodafone y Orange, constatando indicios de prácticas anticompetitivas en la concertación de los precios del establecimiento de llamada.

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios el 1 de marzo de 2007, que puso fin al redondeo, las tres compañías incrementaron de 12 a 15 céntimos el precio que cobraban a sus clientes por establecer una llamada. Ante la similitud de las subidas y su coincidencia en el tiempo, la Dirección General de Defensa de la Competencia inició un trámite de información reservada con el fin de determinar si abría un expediente sancionador, como así sucedió el pasado 9 de octubre.

Las tres operadoras recibieron ayer el pliego de hechos, de carácter no vinculante y sin valor de acusación formal, precisando que incurrieron en una «práctica concertada no permitida». Ahora disponen de un plazo máximo de quince días para presentar sus alegaciones. Una vez resuelto este trámite, el expediente pasará a manos del Consejo Nacional de Competencia, que en caso de ratificar sus conclusiones puede imponer a las empresas infractoras un sanción del 10% de su facturación anual, próxima a los 1.500 millones de euros.

Movistar mostró su «sorpresa» y «absoluta discrepancia» con las conclusiones y señaló que «se limitó a adecuar sus tarifas a la ley, comunicándoselas a sus clientes, consumidores y organismos». Vodafone expresó su «discrepancia radical» con el informe, porque a su juicio «se equivoca gravemente al valorar los hechos, cuestiona la competencia del mercado y realiza un análisis incorrecto del derecho aplicable». Orange rechazó las consideraciones del informe, que considera «injustificadas ya que no responden en absoluto a lo que realmente ha ocurrido».